1.- Introducción:

En el procedimiento de inscripción registral, es un tema recurrente la tacha de títulos por falta de competencia. Sin embargo, no existen criterios uniformes como consecuencia de la tacha del título sobre los siguientes extremos. ¿El Registrador Público debe encauzar el procedimiento registral, de oficio?, ¿Se debe cobrar derechos de calificación registral?, ¿Se debe cobrar derechos por mensajería registral?, ¿Los derechos cobrados al momento de la presentación del título, deben ser tomados en cuenta en el título que se genera como consecuencia del encauzamiento?

En el presente artículo se busca dar respuesta a las interrogantes formuladas, a fin de poner en discusión lo planteado y lograr uniformizar criterios en aras de lograr la predictibilidad de las decisiones en sede registral.

2.- Desarrollo:

Cuando se presenta un título a una oficina registral incompetente, de acuerdo a lo regulado en el artículo 42 Inc. C del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (RGRP), el Registrador Público tachará el título por falta de competencia.

A continuación daremos respuestas a las interrogantes planteadas:

2.a ¿El Registrador Público debe encauzarel procedimiento registral de oficio?

El artículo 75 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece como deber de las autoridades respecto del procedimiento administrativo   y de sus partícipes,encausar [1]de oficio el procedimiento cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos” (El resaltado es agregado).

Del texto legal citado se desprende que es deber de toda autoridad (Registrador Público o Vocales del Tribunal Registral) encauzar de oficio el procedimiento registral, ello implica tachar el título y encauzarlo a la Oficina Registral Competente, generándose para ello un nuevo título, en aras de salvaguardar el Principio de Prioridad regulado en el artículo 2016 del Código Civil, La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro”.

En el CXXVIII Pleno, el Tribunal Registral adoptó el siguiente acuerdo plenario:

ENCAUZAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL “Si el usuario ha dirigido la solicitud de inscripción al registro equivocado, procede que el Registrador o el Tribunal Registral, según corresponda, efectúe el encauzamiento al Registro competente, siempre que ambos registros compartan el mismo diario” (El resaltado es agregado).

Acuerdo plenario que no compartimos, ya que el mandato legal de encauzar un procedimiento administrativo, como el procedimiento especial de inscripción registral no está sujeto a limitación legal ni reglamentaria, por lo que es razonable proponer que en todo supuesto de presentación de títulos a una oficina registral no competente, se debería encauzar de oficio el procedimiento registral, hacer lo contrario significaría incumplir la disposición legal antes citada, decisión que traería como consecuencia que desprotejamos el Principio de Prioridad Preferente, causando con ello diferentes tipos de perjuicios al usuario (pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo, etc.).

A decir de Morón Urbina, “la fundamentación del deber de oficialidad  aparece en la necesidad de satisfacer el interés público inherente, de modo directo o indirecto, mediato o inmediato, en todo procedimiento administrativo. De ahí que, resulte indispensable no dejar librada a la voluntad de los administrados concurrentes al procedimiento, el impulso según su mayor o menor interés en obtener una resolución certera, inmediata, pronta o diferida; y por el contrario, exigir a la parte llamada a servir el interés público (Administración), la función de impulsarlo, en todos sus aspectos, independientemente del interés que puedan mostrar los administrados”[2] (El resaltado es agregado).

Así mismo Guzmán Napurí sostiene: “Dado que no puede dejarse al arbitrio de los administrados el seguimiento de los procedimientos administrativos, el impulso de los mismos es de oficio”[3].

Por lo que es función de la autoridad administrativa registral, impulsar el procedimiento de oficio a fin de lograr que el usuario obtenga un pronunciamiento expreso sobre lo solicitado, ello implica según Morón Urbina, “remover los obstáculos de trámite y subsanar cualquier error u omisión que advierta en el procedimiento”.

2.b ¿Se debe cobrar derechos de calificación registral?

Consideramos que no, por cuanto la calificación registral la hace quien no tiene competencia. “(…) Para que un acto administrativo sea válido debe dictarlo el órgano competente. Por otra parte, el órgano que debe dictar el acto se encuentra precisado en las normas atributivas de las competencias administrativas (…)”[4]. La única competencia que tiene por ley el Registrador Público es la de tachar el título por haberse generado el asiento de presentación en una oficina registral distinta a la competente.

El artículo 165 del RGRP señala que los derechos registrales son las tasas que se pagan por los servicios de inscripción que presta el Registro. Así mismo el artículo 167 del mismo cuerpo reglamentario señala que los derechos registrales comprenden los siguientes conceptos: Servicios de inscripción, que incluye los derechos de calificación y los derechos de inscripción propiamente dicha.

El Art. 168 del mismo reglamento señala que los derechos de calificación comprenden, presentación, la calificación del título y la búsqueda de los antecedentes registrales, previo a la inscripción.

Cabe hacernos las siguientes interrogantes: ¿presentación del título a cualquier oficina o a la oficina competente?, ¿existió realmente calificación del título?, ¿se realizó una búsqueda de antecedentes registrales? Todos aquellos conceptos que incluyen los derechos de calificación son previos a la inscripción. En el presente caso no son previos a la inscripción porque el título no podrá inscribirse por adolecer de un requisito de validez del acto administrativo (criterio de competencia), de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 27444.

A fin de cobrar derechos de calificación:

a) La presentación del título tendría que haberse realizado en la oficina de destino (oficina registral competente para atender las solicitudes de inscripción recibidas en la oficina receptora). Cosa que no sucede en el presente caso por cuanto se generó el título a una oficina incompetente.

b) Tendría que haberse realizado la calificación del título. No hubo calificación por cuanto el Registrador Público que ve el título la única competencia que tiene por ley es la de tachar el título por falta de competencia.

c) Tendría que haberse realizado la búsqueda de los antecedentes registrales. De una lectura somera del título es posible determinar que el bien mueble o inmueble, o la persona natural o jurídica no se encuentra inscrito en la oficina registral respectiva.

De acuerdo a la norma II del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, establece que:

“(…)

c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente (…)” y que las tasas, entre otras, pueden ser:

1. (…)

2. Derechos: Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio público (…)”.

Entonces los derechos de calificación que se cobran en el procedimiento registral deben estar basados en criterios objetivos, como lo es la prestación del servicio público y en base al principio de razonabilidad.

De acuerdo a la definición de la razonabilidad dada por Rubio Correa, “El principio de razonabilidad exige que los actos que los sujetos realizan frente a los hechos y circunstancias, cumplan el requisito de ser generalmente aceptados por la colectividad como adecuada respuesta a los retos que presenta la realidad frente al actuar humano jurídicamente relevante. Dichos actos deben estar sostenidos en argumentos de razonamientos objetivos y no subjetivos, en valores y principios aceptados. Debe de haber tratamiento imparcial de las personas y, cuando sea pertinente, se debe aplicar la regla de que “donde hay la misma razón, hay el mismo derecho” [5] (El resaltado es agregado).

Ello significa que si el usuario no ha recibido la prestación efectiva de un servicio público por parte de la administración, como lo es el de calificación registral por no tener competencia para ello el Registrador Público, no es razonable que se le cobre derechos de calificación.

2.c ¿Se debe cobrar derechos por mensajería registral?

De acuerdo a la Directiva sobre normas que regulan el servicio registral de Competencia Nacional para otorgar prioridad registral y su aplicación para trámites de oficinas receptoras y de destino, aprobado por Resolución N° 330-2004-SUNARP-SN, el capítulo V, regula las TASAS REGISTRALES.

 
¿Qué entendemos por oficina de destino?, la directiva antes citada define a la oficina de destino, como aquella Oficina Registral competente para atender las solicitudes de inscripción recibidas en la Oficina Receptora” (El resaltado es agregado).

En calificación registral encontramos dos supuestos diferentes:

Primer Supuesto: Se generó un título donde se cobró además de los derechos de presentación del título, la tasa de mensajería registral, siendo la Oficina Receptora, Lima y la Oficina de Destino, Tarapoto. Sin embargo el predio está inscrito en la Oficina Registral Moyobamba. Nos hacemos la siguiente interrogante ¿Cual es la Oficina de Destino? La oficina de Tarapoto o la Oficina de Moyobamba. De acuerdo a la definición dada anteriormente la oficina de destino es la oficina registral competente, siendo la oficina de destino la Oficina Registral Moyobamba.

Por lo que habiendo pagado inicialmente los derechos de mensajería para la oficina de destino (oficina competente), en el presente caso oficina registral Moyobamba, el Registrador Público de dicha oficina no debería cobrar nuevamente dicha tasa. Hacer lo contrario significaría hacer un doble pago por dicho concepto.

Segundo Supuesto: Se generó un título donde se cobró sólo los derechos de presentación del título, en la ciudad de Tarapoto para la Oficina Registral  Tarapoto. Sin embargo el vehículo está inscrito en la Oficina Registral Lima. En el presente caso el Registrador Público de Lima, deberá liquidar el título por mensajería registral.

En el CV PLENO, el Tribunal Registral adoptó el siguiente acuerdo plenario:

PRINCIPIO DE INFORMALISMO: “Tachado un título por haberse presentado ante oficina incompetente (literal c del artículo 42 del RGRP), el Registrador debe encauzar el trámite de acuerdo al procedimiento señalado para las oficinas receptoras y de destino.

En este caso, las tasas de envío y de retorno serán cobradas al momento de liquidar el título.

Los derechos registrales pagados se aplicarán al nuevo asiento de presentación que se extienda en el diario de la oficina competente”.

El acuerdo plenario antes descrito sólo aplica para el segundo supuesto antes en comento. Por lo que considero que el Tribunal Registral debería precisar dicho acuerdo plenario.

2.d ¿Los derechos cobrados al momento de la presentación del título, deben ser tomados en cuenta en el título que se genera como consecuencia del encauzamiento?

Los derechos registrales pagados se aplicarán al nuevo asiento de presentación que se extienda en el diario de la oficina competente, de acuerdo a lo previsto en el acuerdo plenario citado en el punto II.3.

Sin embargo a nivel de los sistemas registrales, no es posible incorporar los derechos pagados en el nuevo título, por lo que se sugiere crear un aplicativo informático a fin de incorporar dicho monto en el sistema.

3.- Conclusiones:

  1. En todo procedimiento de inscripción registral cuando se tacha el título por falta de competencia, se debe encauzar de oficio el procedimiento registral.
  2. Cuando se tacha un título por falta de competencia, no se debería cobrar derechos de calificación registral, por cuanto el Registrador Público no tiene competencia para ello.
  3. El Registrador Público competente sólo liquidará el título por mensajería registral, en el supuesto que el usuario no haya pagado dicha tasa en la presentación del título originariamente.
  4. Los derechos cobrados al momento de la presentación del título, deben ser tomados en cuenta en el título que se genera como consecuencia del encauzamiento.

 

Bibliografía:

  • J.C. Cortez Tataje. (2011). La nulidad del acto administrativo. En el: Manual de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica.
  • C. Guzmán Napurí (2007). El Procedimiento Administrativo. Régimen jurídico y procedimientos especiales. Ara Editores E.I.R.L.
  • J.C. Morón Urbina (2011). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 9ª ed. Lima: Gaceta Jurídica.
  • M.A. Rubio Correa (2012). El test de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Lima: Fondo Editorial PUCP.

Referencias:

  1. Encausar o encauzar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, uno de los significados de encauzar: Encaminar, dirigir por un buen camino un asunto, una discusión etc. En tanto que encausar significa formar causa judicial contra alguien. Por lo que en el presente artículo se utiliza la palabra encauzar a fin de hacer un uso correcto de su significado.
  2. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 9ª.ed. Gaceta Jurídica. Lima, 2011.p. 330.
  3. GUZMÁN NAPURÍ, Christian: El procedimiento administrativo. Régimen Jurídico y procedimientos especiales. Ara Editores E.I.R.L. 2007, p. 120-121.
  4. CORTEZ TATAJE, Juan Carlos. La nulidad del acto administrativo. En el: Manual de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima, 2011.p. 160.
  5. RUBIO CORREA, Marcial Antonio. El test de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Fondo Editorial PUCP. Lima, 2012.p. 19.

 

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Encauzamiento del procedimiento registral

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