La separación convencional y divorcio ulterior en las notarías y municipalidades

El artículo 4° de la Constitución Política señala que la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio, siendo estos últimos institutos naturales y fundamentales de la sociedad A su vez, el segundo párrafo del mismo artículo  indica que la forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la Ley.

El matrimonio, como institución, es protegido por  la comunidad y el Estado; sin embargo, en la realidad existen cónyuges con desavenencias cuyo matrimonio no se constituye más que en ficción y es que los seres humanos a lo largo de nuestras vidas, vamos formándonos,  delimitándonos, haciéndonos únicos, irrepetibles, y por lo tanto históricos; por lo que, en algunos casos, el consentimiento de una persona en la celebración de su matrimonio no puede perpetuarse, por haber cambiado su voluntad. El obligarla a seguir casada sería vulnerar su derecho al libre desarrollo y con ello el interés de protección y promoción del Estado y de la comunidad decaerían, por ello nuestra Constitución reconoce a las causas de separación y disolución del vínculo matrimonial.

Las causales de separación de cuerpos están numeradas en el artículo 333 del Código Civil. La décimo tercera causal es la separación convencional después de transcurridos dos años de la celebración del matrimonio. Esta causal es genérica en tanto no se obliga a los cónyuges a determinar los hechos que motivaron la causal específica de separación, mucho menos a probar tales hechos y la doctrina lo reconoce como un divorcio remedio, puesto que no se busca al culpable al que hay que sancionar por el fracaso matrimonial ni se busca a la víctima a la cual hay que indemnizar, sino que se busca remediar la situación que produce en la pareja un matrimonio que no es tal, que frustra y afecta el desarrollo de los cónyuges como personas. El artículo 573 del  Código Procesal Civil señala que la pretensión de la separación convencional y divorcio ulterior se siguen por el trámite del proceso sumarísimo.

Con la Ley N° 29227, publicada el 16 de mayo del 2008 en el diario oficial El Peruano, y su reglamento el Decreto Supremo Nro. 009-2008-JUS publicado el 13 de junio del 2008, se regula el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en Municipalidades y Notarías[1],  lo que significa que además del Poder Judicial, pueden recurrir a las Municipalidades acreditadas por la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia o a las notarías, las parejas de casados luego de que:

  • Hubiera transcurrido dos años de la celebración del matrimonio civil.

Este plazo ha sido establecido por el Código Civil como prudencial para que los cónyuges puedan resolver las desavenencias que su nueva vida de casados genere, si pese a haber transcurrido los dos años las desavenencias continúan, se podrá optar por esta causal.

  • Los cónyuges hubieran convenido como causal a la separación convencional.

La separación convencional convenida necesariamente por ambos cónyuges es la única causal que generará un procedimiento para ser tramitados en las notarías y las municipalidades; las demás causales reguladas en el artículo 333 del Código Civil deberán ser tramitadas necesariamente por la vía judicial.

  • No se tenga hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos se cuente con sentencia firme o acta de conciliación emitida conforme a ley, respecto a los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas.

Debe tenerse presente que ni el notario ni el alcalde o el asesor legal de la municipalidad instruirán, asesorarán, invitarán a la conciliación, ni mucho menos decidirán sobre los aspectos señalados, por lo que, previo al inicio del procedimiento, se debe haber cumplido con este requisito; de existir consenso entre los cónyuges deberán plasmarlo así en el acta conciliatoria emitida por el Centro de Conciliación de su elección, o de no haber existido tal acuerdo conciliatorio se deberá contar con la sentencia firme que el juzgador haya emitido decidiendo sobre los regímenes señalados. Además, se debe:

  • Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los hubiera, contar con la escritura pública inscrita en los Registros Públicos (Sunarp), de sustitución o liquidación del régimen patrimonial.

Antes y luego de la celebración del matrimonio los cónyuges pueden optar entre dos regímenes distintos: La Separación de Patrimonios, en la que cada cónyuge tiene su propio patrimonio pudiendo disponer de ellos sin el consentimiento del otro, para optar por este régimen es necesario contar con escritura Pública otorgada por ambos cónyuges e inscrita en el Registro Personal de los Registros Públicos. De no cumplir con tal formalidad se presume que se ha optado por el otro régimen el de la Sociedad de Gananciales, en el qué el patrimonio es social y corresponde a la sociedad conyugal, por lo que para disponer del mismo se requiere del consentimiento de ambos cónyuges, puede existir dentro de éste régimen bienes propios y sociales, el Código Civil da las reglas para la calificación de los mismos. En todo caso es requisito que no existan bienes sociales, de existirlos deberá liquidarse el régimen patrimonial debiendo los cónyuges decidir sobre el destino de tales bienes, y de estar los cónyuges bajo el régimen de sociedad de gananciales, deberán sustituirlo por el de separación de patrimonios.

Cumplidos estos requisitos los cónyuges deberán presentar su solicitud dirigida al notario o al alcalde de la municipalidad del lugar del último domicilio conyugal, que es aquel último constituido de mutuo acuerdo entre los cónyuges o que compartieron juntos. Tal solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  • La solicitud será presentada por escrito, señalando nombre y documentos de identidad de cada cónyuge, se indicará así mismo el último domicilio conyugal y el domicilio actual de cada cónyuge.
  • El contenido de la solicitud expresará, de manera indubitable, la decisión de ambos cónyuges de separarse.
  • Los cónyuges deberán firmar la solicitud; de ser los analfabetos, de no poder firmar, de ser ciegos o de adolecer de otra discapacidad deberán indicarlo así en su solicitud e imprimir su huella digital o grafía en cuyo caso otra persona firmará a su ruego.
  • En el caso de los procedimientos seguidos en las notarías la solicitud será firmada también por abogado.

A la solicitud se anexará los documentos señalados  en el artículo 6° del D.S. N°009-2008-JUS:

(a) Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges;

(b) Copia certificada del Acta o de la Partida de Matrimonio expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud;

(c) Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad;

(d) Copia certificada del Acta o de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera;

(e) Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos menores, si los hubiera;

(f) Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de los hijos mayores con incapacidad, si los hubiera;

(g) Copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaran la interdicción del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador; las que también deberán estar inscritos en el registro personal de los Registros Públicos.

(h) Testimonio de la escritura pública, inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión de la huella

digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales;

(i) Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o de liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso;

(j) Declaración jurada del último domicilio conyugal, de ser el caso, suscrita obligatoriamente por ambos cónyuges;

(k) Documento que acredite el pago de la tasa señalado en el TUPA de la municipalidad, de ser el caso.

 

En cuanto al procedimiento, los días se computan en días hábiles, conforme al siguiente detalle:

 

Trámite ante Notario Público:


 

Trámite ante Municipalidad acreditada:

Por último, hay que señalar que la Ley permite que los cónyuges puedan intervenir en el proceso representados por personas facultadas específicamente para ello, siendo necesario que tal poder esté inscrito en el registro de mandatos y poderes de los Registros Públicos de la Oficina Registral del lugar en el que se va ejercer la representación.

[1] La Ley N° 29227 adiciona al artículo 1 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, el numeral 7, que señala que los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar según corresponda los siguientes asuntos: …7. Separación convencional y divorcio ulterior conforme a la ley de la materia.

 


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About Paola Gina Velazco Gonzales

Abogada, estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, egresada de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Fue asistente registral y Registrador Público (e) en la Zona Registral N°XI-Sede Ica; actualmente Registrador Público en la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo.

One thought on “La separación convencional y divorcio ulterior en las notarías y municipalidades

  1. Muy buenas tarde…
    Referente a la publicación sobre la separación convencional en las notarias y municipalidades, se establecen parámetros de acuerdo a la norma; sin embargo en los dos regímenes como la separación de patrimonios y la sociedad de gananciales, en la actualidad muchas personas optan por la separación de patrimonios y un porcentaje mínimo se basan a la sociedad de gananciales por desconocimiento propio.

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